María Solange Maqueo Ramírez / Alessandra Barzizza Vignau
En México, desde la última década del siglo pasado y las casi dos que han transcurrido del siglo XXI, se han registrado importantes avances en el ámbito público gracias a la creación de órganos autónomos que impactan en diversos aspectos que involucran a la sociedad. En ocasiones, han sido avances que, dados de forma tan vertiginosa, no se han alcanzado a dimensionar en su totalidad y tampoco se han encontrado las convergencias entre unos y otros.
A partir de dichos avances, también han surgido importantes cuestionamientos como los que se formulan a continuación: ¿Cuáles son los límites que signan la pequeña franja de lo público y lo privado? ¿Es o debe ser público todo aquello que concierne a un funcionario público? ¿El estado de salud de un funcionario o legislador debe ser conocido por la ciudadanía o sus electores o, por el contrario, ser motivo de reserva por considerarse un dato sensible y merecedor de una salvaguarda especial? ¿Qué nivel de protección debe brindarse a la privacidad de los ciudadanos? ¿Los expedientes clínicos o los padrones de los programas sociales deben ser públicos? ¿La revolución de la información y la comunicación conlleva un nuevo estadio de la democracia?
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